Colombia CONTRA el CONTRAbando

El contrabando no es un problema nuevo para Colombia, sus orígenes van de la mano con el auge del comercio de comienzos del siglo XX en las zonas fronterizas como Urabá, Barranquilla y Cartagena pero también en zonas de alto tráfico comercial como Antioquia y Cundinamarca.

En estos sectores empezó a moverse de manera rápida la importación ilegal de elementos de uso cotidiano como cigarrillos y licor, productos que tienen altos niveles de demanda así como también los textiles, confecciones y calzado.

Ha incrementado tanto la cifra de contrabando en el transcurso de las últimas décadas que ya es posible hacer una clasificación de los diferentes tipos de contrabando utilizados y los más frecuentes. Por ejemplo, el llamado Contrabando abierto en el que su modo operativo consiste en evadir el pago de tributos aduaneros o impuestos, tal vez éste es uno de los más utilizados dentro de las operaciones de comercio exterior. Pero también aparece con una representación importante el Contrabando por subfacturación, consistente en la manipulación de los precios en los documentos con motivo de presentar información falsa para poder hacer lavado de activos, figura que va muy de la mano con el narcotráfico. Otro tipo, el Contrabando técnico, basado en la utilización de documentación o registros falsos, la falsificación de documentos en pro de nacionalizar mercancía evadiendo los trámites y filtros legales requeridos para este proceso.

La lucha contra el contrabando tampoco es nueva, desde el inicio del mismo las autoridades colombianas se han visto en la tarea de contrarrestar las diferentes modalidades y combatir la capacidad creativa de los delincuentes para inventar cada vez más mecanismos diferentes y novedosos para  llevar a cabo ésta actividad ilícita. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de las autoridades no se ha podido erradicar el problema y ha tenido que seguir enfrentándose con este delito que silenciosamente afecta no solo a comerciantes que si cumplen con todos los requisitos legales, sino que afecta a todo el país y su economía.

En los últimos meses las autoridades aduaneras colombianas, lideradas por la DIAN –Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- y en colaboración con la POLFA –Policía Fiscal y Aduanera-, han intensificado las medidas para incautar mercancías de contrabando en todo el país. En el mes de Junio del presente año se aprehendió en el puerto de Buenaventura mercancía de un valor estimado de $180 millones de pesos en productos como lociones, ropa y elementos de cocina; en Barranquilla se decomisó mercancía de contrabando avaluada en $685 millones de pesos; en Cartagena se incautó un cargamento de camisetas avaluadas en $356 millones de pesos y en Sogamoso se hizo la aprehensión de 28 reses cebú (ganado) traídas desde Venezuela de manera ilegal, con un valor estimado de $40 millones de pesos.

Solo estas incautaciones sobrepasan los mil millones de pesos en un solo mes, lo que sirve para dimensionar las altas cifras que ocupa el contrabando dentro del comercio del país. Los organismos de control han estimado que la cifra de lavado de activos que soporta el contrabando sobrepasa los 12 billones de pesos, cantidades exorbitantes de dinero que perjudican la economía de manera considerable.

Sin embargo, el problema no se mueve solo a gran escala, una de las preocupaciones más grandes es el incremento del micro-contrabando. De acuerdo a las leyes actuales en el país solo es considerado el contrabando como un delito penal  cuando sobrepase los 50 SMLV, aproximadamente 30 millones de pesos, por lo que los delitos menores a esta cifra son excarcelables y castigados en ocasiones con pequeñas multas lo que conlleva a la impunidad.

La mayoría de mercancías de contrabando vendidas dentro de las ciudades más importantes del país como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla van a parar a lugares de distribución ilegal como los llamados ‘huecos’ o ‘sanandresitos’, en donde la mayoría de personas compra aun siendo conscientes de la ilegalidad de los productos pero que apoyan su comercialización basados en el beneficio que les trae  los precios asequibles que éstos lugares ofrecen.

En el congreso se está trabajando en la Ley Anticontrabando y precisamente en las últimas semanas se dio aprobación al proyecto de ley presentado por el gobierno, consistente en endurecer las penas aplicadas a las personas capturadas por este delito, como aumento de las penas en prisión de 6 a 30 años, reporte a las cámaras de comercio, entre otros castigos.

La aplicación de estas penas y puede ser efectiva, sin embargo, también es necesaria la continuidad de los operativos de revisión de mercancías, el estricto seguimiento al cumplimiento de las normas legales para el comercio nacional e internacional de mercancías, pero se hace también necesaria la aplicación de políticas que beneficien a los comerciantes, revisión de los impuestos y aranceles que los comerciantes deben pagar, de manera que puedan ser competitivos con los vendedores internacionales y no tengan que recurrir a delitos como éste del cual el país ya parece haberse acostumbrado.